Nadie se salva solo: claves del nuevo proyecto de financiamiento universitario y la lucha que se extiende en todo el país Frente al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y la crisis presupuestaria que se agudiza en la comunidad universitaria-científica, el Consejo Interuniversitario presentó la semana pasada un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados que tiene por objetivo asegurar las partidas para el funcionamiento de las casas de estudio sin impactar en el equilibrio fiscal. El proyecto busca, entre otras cosas, fondos actualizados por IPC y un aumento gradual de la inversión nacional en Educación, estableciendo puntos clave para los tres ejes del reclamo universitario: salarios docentes, bienestar estudiantil y presupuesto.
Atentar contra el futuro
La presentación del nuevo proyecto se produce en un contexto crítico para las universidades nacionales a partir de la prórroga del presupuesto 2023 y el veto al anterior proyecto presentado en septiembre del año pasado. Tras una reunión de rectores en abril, se definió armar una comisión ad hoc para la redacción de una nueva propuesta que garantice fondos sin crear nuevos impuestos y sin sacrificar el equilibrio fiscal. El proyecto fue presentado formalmente el 28 de mayo en la Cámara de Diputados.
"La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento", se detalla en la justificación del proyecto.
Subraya que "el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior".
"De esta manera, si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el nanciamiento universitario con los ingresos recaudados", agrega.
Destaca, por otro lado, que será indispensable destinar un porcentaje dentro de la sección de obra pública a la infraestructura necesaria para las universidades nacionales. Cabe recordar que una de las primeras medidas del Gobierno nacional de Javierl Milei fue, precisamente, la paralización de la obra pública en todo el país, lo que incidió directamente en las obras universitarias, que a la fecha permanecen paralizadas.
Garantizar las trayectorias estudiantiles
El segundo artículo del proyecto estipula los objetivos del incremento de la inversión en educación universitaria, que por un lado buscan garantizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y por otro "aanzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua", ampliando la oferta de carreras, perfeccionando las modalidades digitales de enseñanza, promoviendo la función de investigación y asegurando el equipamiento de las universidades.
Los últimos incisos buscan asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil e incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio "que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el n de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel".
Según el análisis de la consultora exQuanti a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el índice de pobreza entre los universitarios aumentó considerablemente en el último tiempo. En septiembre del 2023, los universitarios pobres constituían un 27,9% y a fin del primer trimestre de 2024 el porcentaje alcanzó el 48,5%. El porcentaje es incluso mayor que el registrado en el peor momento de la pandemia, cuando el índice de universitarios por debajo de la línea de pobreza llegó al 39,4%
Los datos, además, contrastan con los argumentos planteados por el círculo libertario para justificar el ajuste y la propuesta de arancelamiento de las universidades públicas.
Cabe recordar que el año pasado, en medio del reclamo por el aumento presupuestario y la asistencia masiva a las marchas federales, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sostuvo: "Lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van. Este es un drama con el que hay que terminar".
El Consejo Interuniversitario Nacional respondió a esta afirmación con datos que mostraban no sólo que cerca del 50% de los universitarios estaban por debajo de la línea de pobreza, sino que casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema tienen padres y madres que no fueron a las universidades. Es decir, son la primera generación en acceder a la educación superior.
En relación al bienestar estudiantil, el nuevo proyecto también plantea en los artículos 8º y 9º la ampliación anual y progresiva del monto y del número de personas beneficiarias de las becas, lo cual se financiaría con incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos.
El ajuste ha impactado de lleno en las becas universitarias, cada vez más demandadas en un escenario de crisis económica. Para muchos se hace difícil sostener los costos de las trayectorias educativas, que componen transporte, alimentación, material de estudio y vivienda para aquellos que estudian en otra localidad.
Desde principios del año pasado los colectivos estudiantiles reclaman por el aumento de los montos de las becas, que a la fecha se mantienen a valores del 2023. La Beca Progresar, por ejemplo, contempla un monto mensual de $35.000. La Beca Manuel Belgrano, si bien propone un monto un poco más elevado ($81.000), se perfila como "incentivo" y no alcanza a cubrir los costos de la vida universitaria. Además, es más limitada, ya que sólo se otorga a quienes estudian en "carreras estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país" como Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Gas y Petróleo, Logística y Transporte, Minería, Ciencias básicas y Educación.
Salarios de pobreza
Una de las demandas de la movilización universitaria es la cuestión salarial: a la fecha se calcula una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% para trabajadores docentes, uno de los grupos del sector público que más perdió frente a la inflación.
Según informó CONADU Histórica, de noviembre de 2023 a abril del presente año, la inflación acumulada fue del 204,8%, mientras que los salarios percibieron aumentos de 90,4%, lo que deja un desfasaje de -114,4%. El gremio subrayó que esto deriva en un escenario generalizado de salarios universitarios por debajo de la línea de pobreza.
Los aumentos otorgados por el Gobierno han sido escasos y en su porcentaje insuficientes para superar la inflación. Los últimos aumentos fueron del 1,5% para enero y 1,2% para febrero, mientras que la inflación mensual viene promediando en 3%. Aunque a esto también se le suma la pérdida de poder adquisitivo que vienen cargando los salarios desde 2023.
El artículo 3º del nuevo proyecto estipula la convocatoria a paritarias para la recomposición salarial, tomando como base la variación acumulada de la inflación del INDEC desde diciembre del 2023 a la actualidad. En este sentido precisa que "todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonicable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonicables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
Los gremios docentes denuncian que desde hace meses el Ejecutivo no garantiza la discusión paritaria. En su lugar, establece ínfimos aumentos por decreto. Es por ello que el artículo 4º establece la obligación del Gobierno de convocar a paritarias con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses y "asegurando una actualización mensual no inferior a la inación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores".
No hay plata
La demanda que subyace en todas las movilizaciones aboga por un aumento presupuestario para garantizar tanto los salarios como las trayectorias educativas y de investigación. Actualmente las universidades públicas funcionan con la mitad del presupuesto necesario, lo que genera serias complicaciones. Y las consecuencias empiezan a ser visibles: seis universidades argentinas descendieron de puesto en el último ranking Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR). La consultora que elabora el ranking atribuye este suceso a la escasa inversión en ciencia e investigación.
El presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para este año. Este escenario impactó, aunque diferenciado, en todas las casas de estudio. Un análisis de la ASAP para Chequeado muestra cómo evolucionaron las transferencias del 2024 en cada una de las universidades nacionales. La más afectada es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco: en los primeros 9 meses del año las transferencias a esta universidad cayeron un 68,5% en términos reales.
Entre las patagónicas, la más afectada fue la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco con una caída del 29,3%. Le sigue la Universidad de la Patagonia Austral, (29%), la Universidad del Comahue (28,5%), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, (27,1%) y la Universidad Nacional de Río Negro (26%).
En este sentido, garantizar el presupuesto también fue el eje del primer proyecto de Financiamiento Universitario.
La normativa anterior proponía actualizar las partidas del presupuesto 2023 según la inflación acumulada y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicaría un costo de fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otro lado, modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades.
En relación a los salarios docentes y no docentes, la norma encomendaba al Ejecutivo la recomposición salarial del 1° de diciembre a la fecha por la variación de la inflación informada por el INDEC en ese período, para luego ser actualizados de forma mensual, salvo que pudieran llegar a un acuerdo en paritarias.
Tras ser aprobada, el veto no tardó en llegar. Durante la misma semana que los universitarios asistían a la segunda Marcha Federal, el Ejecutivo hacía oficial el veto a la ley de financiamiento, con el argumento del ahorro fiscal. Es por ello que el texto presentado recientemente modifica algunos artículos y enfatiza que la propuesta así enmarcada no implica desequilibrios fiscales.
Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
Cabe recordar que a finales de agosto el CIN presentó un proyecto propio de presupuesto universitario en el que calculaba que para el 2025 se necesitarían 7.19 billones de pesos, un monto que representa cerca del 1% del PIB. Más tarde, Javier Milei presentó el Presupuesto Nacional 2025 donde se apreciaba un monto destinado a las universidades públicas considerablemente menor: 3.8 billones de pesos.
El nuevo proyecto encomienda al Ejecutivo garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento correspondiente a distintas actividades como la asistencia financiera a hospitales universitarios, el fortalecimiento de la ciencia y el fortalecimiento de la extensión universitaria, entre otras, actualizadas por la variación anual del IPC.
Por último, establece que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
"Una nieve tóxica"
Bajo la consigna #noalcientificidio, científicos e investigadores de todo el país se caracterizaron como los personajes de El Eternauta, el mismo día que los rectores presentaron el nuevo proyecto en Diputados, para denunciar el brutal ajuste que está sufriendo la ciencia en el país. Reclaman que la inversión en ciencia y tecnología superó la mínima registrada en el año 2002, en plena crisis económica.
"Nadie se salva solo", "Una nieve tóxica contra la ciencia y la universidad" fueron algunas de las consignas que se leyeron en las movilizaciones de todo el país. La convocatoria se replicó en las distintas sedes de la UNPSJB, y se suma a las medidas que la comunidad universitaria sostiene desde principios de año para garantizar la educación de calidad.
El nuevo proyecto, por su parte, no implica gastos extraordinarios y busca mantener el equilibrio fiscal, con el objetivo de evitar un nuevo veto presidencial que atente otra vez contra las universidades nacionales.
Frente al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y la crisis presupuestaria que se agudiza en la comunidad universitaria-científica, el Consejo Interuniversitario presentó la semana pasada un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados que tiene por objetivo asegurar las partidas para el funcionamiento de las casas de estudio sin impactar en el equilibrio fiscal. El proyecto busca, entre otras cosas, fondos actualizados por IPC y un aumento gradual de la inversión nacional en Educación, estableciendo puntos clave para los tres ejes del reclamo universitario: salarios docentes, bienestar estudiantil y presupuesto.
Atentar contra el futuro
La presentación del nuevo proyecto se produce en un contexto crítico para las universidades nacionales a partir de la prórroga del presupuesto 2023 y el veto al anterior proyecto presentado en septiembre del año pasado. Tras una reunión de rectores en abril, se definió armar una comisión ad hoc para la redacción de una nueva propuesta que garantice fondos sin crear nuevos impuestos y sin sacrificar el equilibrio fiscal. El proyecto fue presentado formalmente el 28 de mayo en la Cámara de Diputados.
"La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento", se detalla en la justificación del proyecto.
Subraya que "el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior".
"De esta manera, si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el nanciamiento universitario con los ingresos recaudados", agrega.
Destaca, por otro lado, que será indispensable destinar un porcentaje dentro de la sección de obra pública a la infraestructura necesaria para las universidades nacionales. Cabe recordar que una de las primeras medidas del Gobierno nacional de Javierl Milei fue, precisamente, la paralización de la obra pública en todo el país, lo que incidió directamente en las obras universitarias, que a la fecha permanecen paralizadas.
Garantizar las trayectorias estudiantiles
El segundo artículo del proyecto estipula los objetivos del incremento de la inversión en educación universitaria, que por un lado buscan garantizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y por otro "aanzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua", ampliando la oferta de carreras, perfeccionando las modalidades digitales de enseñanza, promoviendo la función de investigación y asegurando el equipamiento de las universidades.
Los últimos incisos buscan asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil e incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio "que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el n de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel".
Según el análisis de la consultora exQuanti a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el índice de pobreza entre los universitarios aumentó considerablemente en el último tiempo. En septiembre del 2023, los universitarios pobres constituían un 27,9% y a fin del primer trimestre de 2024 el porcentaje alcanzó el 48,5%. El porcentaje es incluso mayor que el registrado en el peor momento de la pandemia, cuando el índice de universitarios por debajo de la línea de pobreza llegó al 39,4%
Los datos, además, contrastan con los argumentos planteados por el círculo libertario para justificar el ajuste y la propuesta de arancelamiento de las universidades públicas.
Cabe recordar que el año pasado, en medio del reclamo por el aumento presupuestario y la asistencia masiva a las marchas federales, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sostuvo: "Lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van. Este es un drama con el que hay que terminar".
El Consejo Interuniversitario Nacional respondió a esta afirmación con datos que mostraban no sólo que cerca del 50% de los universitarios estaban por debajo de la línea de pobreza, sino que casi siete de cada diez alumnos de los 2 millones que componen el sistema tienen padres y madres que no fueron a las universidades. Es decir, son la primera generación en acceder a la educación superior.
En relación al bienestar estudiantil, el nuevo proyecto también plantea en los artículos 8º y 9º la ampliación anual y progresiva del monto y del número de personas beneficiarias de las becas, lo cual se financiaría con incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos.
El ajuste ha impactado de lleno en las becas universitarias, cada vez más demandadas en un escenario de crisis económica. Para muchos se hace difícil sostener los costos de las trayectorias educativas, que componen transporte, alimentación, material de estudio y vivienda para aquellos que estudian en otra localidad.
Desde principios del año pasado los colectivos estudiantiles reclaman por el aumento de los montos de las becas, que a la fecha se mantienen a valores del 2023. La Beca Progresar, por ejemplo, contempla un monto mensual de $35.000. La Beca Manuel Belgrano, si bien propone un monto un poco más elevado ($81.000), se perfila como "incentivo" y no alcanza a cubrir los costos de la vida universitaria. Además, es más limitada, ya que sólo se otorga a quienes estudian en "carreras estratégicas vinculadas al desarrollo productivo del país" como Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Gas y Petróleo, Logística y Transporte, Minería, Ciencias básicas y Educación.
Salarios de pobreza
Una de las demandas de la movilización universitaria es la cuestión salarial: a la fecha se calcula una pérdida del poder adquisitivo cercana al 40% para trabajadores docentes, uno de los grupos del sector público que más perdió frente a la inflación.
Según informó CONADU Histórica, de noviembre de 2023 a abril del presente año, la inflación acumulada fue del 204,8%, mientras que los salarios percibieron aumentos de 90,4%, lo que deja un desfasaje de -114,4%. El gremio subrayó que esto deriva en un escenario generalizado de salarios universitarios por debajo de la línea de pobreza.
Los aumentos otorgados por el Gobierno han sido escasos y en su porcentaje insuficientes para superar la inflación. Los últimos aumentos fueron del 1,5% para enero y 1,2% para febrero, mientras que la inflación mensual viene promediando en 3%. Aunque a esto también se le suma la pérdida de poder adquisitivo que vienen cargando los salarios desde 2023.
El artículo 3º del nuevo proyecto estipula la convocatoria a paritarias para la recomposición salarial, tomando como base la variación acumulada de la inflación del INDEC desde diciembre del 2023 a la actualidad. En este sentido precisa que "todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonicable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonicables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
Los gremios docentes denuncian que desde hace meses el Ejecutivo no garantiza la discusión paritaria. En su lugar, establece ínfimos aumentos por decreto. Es por ello que el artículo 4º establece la obligación del Gobierno de convocar a paritarias con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses y "asegurando una actualización mensual no inferior a la inación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores".
No hay plata
La demanda que subyace en todas las movilizaciones aboga por un aumento presupuestario para garantizar tanto los salarios como las trayectorias educativas y de investigación. Actualmente las universidades públicas funcionan con la mitad del presupuesto necesario, lo que genera serias complicaciones. Y las consecuencias empiezan a ser visibles: seis universidades argentinas descendieron de puesto en el último ranking Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR). La consultora que elabora el ranking atribuye este suceso a la escasa inversión en ciencia e investigación.
El presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para este año. Este escenario impactó, aunque diferenciado, en todas las casas de estudio. Un análisis de la ASAP para Chequeado muestra cómo evolucionaron las transferencias del 2024 en cada una de las universidades nacionales. La más afectada es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco: en los primeros 9 meses del año las transferencias a esta universidad cayeron un 68,5% en términos reales.
Entre las patagónicas, la más afectada fue la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco con una caída del 29,3%. Le sigue la Universidad de la Patagonia Austral, (29%), la Universidad del Comahue (28,5%), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, (27,1%) y la Universidad Nacional de Río Negro (26%).
En este sentido, garantizar el presupuesto también fue el eje del primer proyecto de Financiamiento Universitario.
La normativa anterior proponía actualizar las partidas del presupuesto 2023 según la inflación acumulada y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicaría un costo de fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otro lado, modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades.
En relación a los salarios docentes y no docentes, la norma encomendaba al Ejecutivo la recomposición salarial del 1° de diciembre a la fecha por la variación de la inflación informada por el INDEC en ese período, para luego ser actualizados de forma mensual, salvo que pudieran llegar a un acuerdo en paritarias.
Tras ser aprobada, el veto no tardó en llegar. Durante la misma semana que los universitarios asistían a la segunda Marcha Federal, el Ejecutivo hacía oficial el veto a la ley de financiamiento, con el argumento del ahorro fiscal. Es por ello que el texto presentado recientemente modifica algunos artículos y enfatiza que la propuesta así enmarcada no implica desequilibrios fiscales.
Crónica de un veto anunciado: la educación pública sin presupuesto y en alerta
Cabe recordar que a finales de agosto el CIN presentó un proyecto propio de presupuesto universitario en el que calculaba que para el 2025 se necesitarían 7.19 billones de pesos, un monto que representa cerca del 1% del PIB. Más tarde, Javier Milei presentó el Presupuesto Nacional 2025 donde se apreciaba un monto destinado a las universidades públicas considerablemente menor: 3.8 billones de pesos.
El nuevo proyecto encomienda al Ejecutivo garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento correspondiente a distintas actividades como la asistencia financiera a hospitales universitarios, el fortalecimiento de la ciencia y el fortalecimiento de la extensión universitaria, entre otras, actualizadas por la variación anual del IPC.
Por último, establece que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el 2031, un mínimo de participación del 1,5% del PBI presupuestado en cada año.
"Una nieve tóxica"
Bajo la consigna #noalcientificidio, científicos e investigadores de todo el país se caracterizaron como los personajes de El Eternauta, el mismo día que los rectores presentaron el nuevo proyecto en Diputados, para denunciar el brutal ajuste que está sufriendo la ciencia en el país. Reclaman que la inversión en ciencia y tecnología superó la mínima registrada en el año 2002, en plena crisis económica.
"Nadie se salva solo", "Una nieve tóxica contra la ciencia y la universidad" fueron algunas de las consignas que se leyeron en las movilizaciones de todo el país. La convocatoria se replicó en las distintas sedes de la UNPSJB, y se suma a las medidas que la comunidad universitaria sostiene desde principios de año para garantizar la educación de calidad.
El nuevo proyecto, por su parte, no implica gastos extraordinarios y busca mantener el equilibrio fiscal, con el objetivo de evitar un nuevo veto presidencial que atente otra vez contra las universidades nacionales.
